Castillo se desvinculó del proceso relacionado con los cargos que se le imputaron en 2022, argumentando que está siendo representado por un abogado de oficio.

El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, se encuentra estable después de ser trasladado de urgencia a un centro médico desde las instalaciones carcelarias, debido a una leve deshidratación luego de declararse en huelga de hambre, por lo que fue regresado a su prisión en Lima.

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El estado del exmandatario fue confirmado por el Instituto Nacional Penitenciario a través de X, donde se expuso que «el interno Pedro Castillo, tras evaluación médica, retornó al establecimiento penitenciario de Barbadillo en condición estable».

Ante el inicio de un juicio en el que se le acusa a Castillo de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave afectación de la tranquilidad pública, este se declaró en huelga de hambre a principios de semana y, por ende, negó todos los cargos que se le imputan.

Dada su mejoría, se retomó el curso de las vistas judiciales, aunque sin contar con la presencia de Castillo, ya que este se desvinculó por completo del proceso por el cual fue apresado el 7 de diciembre de 2022, cuando fue destituido por el Congreso, alegando que está representado por un abogado público.

Sin embargo, la defensa del acusado se presentó en los juzgados para presentar un recurso de reposición, que fue rechazado, y con el cual se pretendía una revisión o anulación de una decisión tomada por un juez.

Dado que el recurso no prosperó, la audiencia continuó en marcha, donde una de las pruebas presentadas ante el tribunal consistía en una llamada telefónica en la que Castillo ordenaba al entonces comandante general de la Policía, Raúl Alfaro, detener a la fiscal general y cerrar el Congreso.

Durante la vista también fueron interrogados el exjefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, Vicente Álvarez, en calidad de testigo, y el jefe de la Región Policial Lima, Manuel Elías Lozada, acusado de coautor de la rebelión y conspiración contra el Estado.

Ante la gravedad de los actos incurridos por Castillo, hasta el momento, la Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión para él.

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